La imposibilidad del Partido Nacional de reducir la cantidad de pobres, crear empleos para los jóvenes, garantizar el acceso a la justicia a todos los hondureños y terminar con la violencia de las bandas organizadas socavan diariamente la imagen del presidente Juan Orlando Hernández.

Miles de hondureños se organizan en las calles para exigir la renuncia del Jefe de Estado al tiempo que denuncian nepotismo, impunidad y la convivencia maliciosa entre los poderes estatales, empresariales y los medios de comunicación masivos.

En definitiva, perdieron nuevamente los sectores más desfavorecidos históricamente del país, que habían encontrado a partir del 2006 en el hombre carismático de sombrero blanco y bigotes negros un estadista comprometido con los más vulnerables.

El trágico suceso, que costó la vida de varios seguidores de “Mel” durante la resistencia a los golpistas, constituyó un punto de inflexión en la historia del Pueblo de Morazán. Muchos de los derechos conquistados durante la presidencia de Zelaya fueron arrebatados paulatinamente y la nación centroamericana de 8,6 millones de habitantes agudizó sus conflictos sociales, políticos, económicos e internacionales.

Honduras tiene hoy más de dos tercios de su población viviendo en la pobreza. Además, cinco de cada 10 habitantes se encuentran en la extrema pobreza, según cifras del Banco Mundial. A estos datos, hay que sumarle el avance de los grupos pandilleros y las maras que controlan varios territorios gracias a la comercialización de drogas provocando una gran migración interna. El periodismo, también, es una profesión de riesgo. En los últimos 4 años mataron a más de 30 comunicadores sociales.

Para el organismo internacional, el país que gobierna Juan Orlando presenta la mayor tasa de homicidios del mundo: mueren 79 hondureños cada 100 mil habitantes por hechos violentos; aproximadamente, es asesinada una persona cada 76 minutos. A su vez, aumentaron los casos de justicia por mano propia ante la ausencia del poder estatal.

La conexión maliciosa entre los poderes estatales, empresariales y los medios de comunicación, los mismos grupos que se opusieron a la continuidad de Zelaya en el poder, garantizan la impunidad, la censura y la corrupción en la nación centroamericana que aún sigue siendo una economía de enclave dependiente de Estados Unidos.

El movimiento “Oposición Indignada”, en el cual se encuentran los seguidores del ex presidente derrocado en 2009, es en la actualidad el único poder fáctico que planifica multitudinarias marchas en todo el país exigiendo la renuncia de Juan Orlando por la corrupción gubernamental.

“Protestamos por el desfalco millonario de más de 6 mil millones de lempiras, unos 300 millones de dólares, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se han encontrado cheques de empresas fantasmas con fondos de ese Instituto para el Partido Nacional, hoy en el poder”, explica a INFOBLANCOSOBRENEGRO desde Tegucigalpa José Manuel Zelaya Rosales, sobrino del ex Presidente y coordinador de la Juventud del partido LIBRE.

Juan Orlando, quien reconoció que su partido recibió aportes del Instituto para la campaña electoral, está denunciado, además, por nepotismo. Según la oposición, el presidente creó un cargo para su hermana Hilda, el que viola el artículo 250 de la Constitución Nacional que prohíbe a los parientes del Jefe de Estado desempeñarse como secretarios o subsecretarios de Estado.

“Además de la corrupción reinante en el Gobierno marchamos para que se terminen los asesinatos; van más de 3 mil muertos en los últimos años. No tenemos voces en los medios nacionales”, declara el sobrino de “Mel”, integrante del Movimiento Oposición Indignada.

La crisis política que estalló en el gobierno de Juan Orlando, y que se agrava por la alta popularidad de Zelaya, desalienta la llegada de capitales al país, situación que impide la recuperación económica de Honduras y alienta la expulsión de jóvenes hacia los Estados Unidos.

Un estudio del Banco Mundial, que analiza la migración de los menores hondureños, guatemaltecos y salvadoreños a Norteamérica, refleja que en el 2009 fueron detenidos en el gran país del norte casi mil menores de edad. La cifra aumentó a casi 18 mil en el 2014 debido a la falta de un futuro digno en sus países.

Un golpe a los pobres

El golpe de estado del 28 de junio de 2009 tuvo como preludio un “golpe blando”, forjado por una alianza entre la Corte Suprema de Justicia, los legisladores opositores a Zelaya, intereses internacionales de las grandes potencias y ciertos empresarios descontentos con los beneficios sociales que el ex Presidente había otorgado a los campesinos, indígenas y obreros.

“La Corte de Justicia le hace justicia a los ricos, poderosos y a los banqueros del país y trae problemas a la democracia hondureña. Ahora, declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima, constitucional y garantizada internacionalmente”, declaraba Zelaya ante los medios de comunicación en la víspera de su derrocamiento por el llamado a una consulta popular que dictaminaría sobre la reforma constitucional.

Las palabras del ex jefe de Estado también denunciaban que la Corte de Justicia, entre otras injerencias en el Poder Ejecutivo, le había negado al gobierno nacional la posibilidad de acumular combustible en tanques especiales para el ahorro de los consumidores.

Pero el acto más desatinado de los miembros del Máximo Tribunal llegó cuando declararon que los militares se podían gobernar solos y que no dependían del Presidente de la República.

El corolario a estos acontecimientos fue el secuestro de Zelaya por parte de los militares, una falsa carta de renuncia de “Mel” leída en el Parlamento y la asunción de Roberto Micheletti, Presidente del Congreso de Honduras, como nuevo Jefe de Estado con el aval de los Estados Unidos.

Lo que ocurrió después, fraude, muertes, violencia, detenciones y violaciones a los derechos humanos han hecho retroceder a Honduras varias décadas atrás.

Juan José Pfeifauf
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