El 26 de septiembre, un grupo de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado Guerrero, se dirigían a la ciudad de Iguala por un viaje de estudios para recaudar fondos y financiar de esta manera un viaje a México D.F en donde se conmemorarían 48 años de la Masacre de Tlatelolco.

Al llegar a la localidad de Iguala fueron sorprendidos por una emboscada de la policía municipal y sicarios del cartel “Guerreros Unidos” quienes los recibieron a balazos terminando con la vida de 6 estudiantes, 1 civil, decenas de heridos y 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos. La complicidad política y la participación policial en estos hechos, no dejan dudas de que esta masacre constituye un crimen de Estado.

Con el devenir de los días, los detalles que encubren el caso fueron dándose a conocer, evidenciando una profunda trama de vinculaciones entre autoridades guerrerenses y el narcoparamilitarismo.

Sólo algunos días posteriores al hecho, el horror social aumentó cuando se conoció la existencia de fosas clandestinas con restos humanos. Más de 38 fosas ya fueron encontradas con más de 330 cuerpos. El espanto aumenta al saber que muchos de esos cuerpos no serán jamás identificados, porque en este país no hay protocolos para reconocimiento de ADN adecuados.

Hay una guerra que ya no puede ocultarse en los canales de televisión, pero los gobiernos en turno no la reconocen para evitar sus costos políticos y evitar la responsabilidad y complicidad que les cabe. El pueblo mexicano sigue derramando sangre inocente.

La gravedad y el repudio social impactaron también sobre Enrique Peña Nieto. El profundo vínculo entre las autoridades guerrerenses y el cartel “Guerreros Unidos” demuestra una vez más el papel de un Estado verdugo con intereses comunes y participación del narcoparamilitarismo. La víctima directa de esta alianza es el pueblo, que día a día apila sus muertos en las calles y en los cementerios.

Desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narco”, impulsada por Vicente Fox con el apoyo de la Secretaría de Estado de EEUU, 80 mil mexicanos fueron asesinados y casi 22 mil desaparecidos según cifras oficiales (organismos de derechos humanos duplican la cantidad).

Este brutal acontecimiento parece haber sacudido de raíz la indiferente convivencia con la muerte violenta que se ha paseado en estos territorios con carta de ciudadanía. Un huracán de rabia y desconcierto recorre la geografía de sur a norte, mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades de ese País y del resto del mundo.

Nuestra ciudad, particularmente sensible a las luchas vinculadas a los derechos humanos, no fue la excepción. La ciudad donde Jorge Julio López sigue faltando y donde aún no termina de esclarecerse la cantidad de víctimas de la inundación del 2 de abril, es también una ciudad habitada por jóvenes y estudiantes de diferenes lugares del país y del continente.

Es por esto que los estudiantes mexicanos que viven en nuestra ciudad junto a la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada organizaron una importante movilización durante la semana pasada, mientras se sucedían marchas en todo el continente.

Sin embargo esta movilización no constituye un hecho aislado. El 1 de diciembre Peña Nieto deberá dar cuenta de los sucedido en Ayotzinapa. Ese día México realizará un paro cívico y una nueva movilización. Por esto, la FULP, junto a la FUBA y diferentes organizaciones políticas movilizaremos a la embajada de México en Argentina

Mientras los 43 normalistas continúen desaparecidos y la trama de complicidad entre el Estado y el narcotráfico continúe garantizando impunidad, en La Plata, como en cada rincón del continente seguiremos organizados y en lucha.

Por Darío Estevez , presidente de la FULP