A través de una resolución, la Suprema Corte de Justicia bonaerense pidió a los ministerios de Justicia y de Seguridad que informen “de modo detallado”, y en el plazo máximo de 20 días sobre el “estado de situación en el ámbito de las diversas unidades del Servicio Penitenciario y Alcaidías”. Puso énfasis “muy particularmente”, en el ámbito de las dependencias policiales.

La orden se imparte luego de un informe presentado por el director del Registro de Personas Detenidas de la Procuración General de la Corte, Pablo Rossi, que marca una “evolución ascendente” de los indicadores de detención, con un considerable aumento en el período enero-mayo y un “especial incremento” de los detenidos alojados en dependencias policiales.

Este duro informe se condice con las quejas de organismos de Derechos Humanos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que denunciaron un fuerte incremento de las detenciones a raíz del decreto de declaración de la emergencia en seguridad, en abril de este año, complementado con la reapertura de los calabozos de las comisarías de la Policía Bonaerense.

Días atrás, un juez penal propuso que se deberían conmutar las penas de algunos detenidos para reducir la superpoblación en las cárceles. “Existe un récord histórico de 33.166 detenidos”, dijo el juez en lo Criminal, Mario Alberto Juliano.

Ya un informe de la Comisión Provincial por la Memoria de 2010 aseguraba que la población carcelaria bonaerense superaba los 30 mil presos, de los cuales 4700 estaban alojados en comisarías bonaerenses.