El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que prohíbe la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional. “De ninguna manera podemos tolerar la violencia contra los animales. Son maltratados, utilizados para correr y luego descartados”, aseguró la legisladora del Frente Progresista María Magdalena Odarda, creadora del proyecto.

La iniciativa fue apoyada por los senadores del FpV, pero generó las abstenciones del radicalismo, que proponía penas de prisión más altas que delitos como el homicidio culposo, y del peronismo disidente, que señaló que la iniciativa se metía con las autonomías provinciales y municipales.

El primer artículo establece “Queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza”. La normativa prevé penas para quien “organizare, promoviere, facilitare o realizare” una competencia de este tipo prisión de tres meses a cuatro años y multa de 4 mil a 80 mil pesos.

Quienes están relacionados con esta actividad reclaman que se regularice para que se terminen las carreras clandestinas y sólo se hagan en canódromos habilitados, con veterinarios y ciertos requisitos. "Si vamos a plantear el maltrato, a un perro no se le pega nunca para que corra, en cambio a un caballo se le pega. En la doma los azotan y los atan”, planteó el dueño del canódromo “Don Juan”, Carlos Puig.

Desde las sociedades protectoras de animales aseguran que producto de las carreras y de las sustancias que se les suministran a los animales, muchos perros mueren o quedan en mal estado y son abandonados.

“Con este proyecto estamos visibilizando y poniendo en discusión esta absoluta actividad ilegal, de maltrato y tortura a los perros como son estas carreras, que son sometidos a tratamientos e inyecciones con drogas y estimulantes químicos, promoviendo las apuestas ilegales y la evasión fiscal. Los galgos se han convertido en el símbolo de la impune tortura de animales y esperamos prontamente avanzar contra esta problematica”, enfatizó Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que dio dictamen al proyecto.