Además, el Ministerio de Justicia realizará una “profunda investigación en la Unidad Penal 41 de Campana”, donde se encuentra detenido el cura y fundador de la institución Julio César Grassi por abuso sexual, para determinar las responsabilidades sobre la denuncia por irregularidades en el manejo de donaciones que se realizó la noche del domingo en el programa de Jorge Lanata Periodismo Para Todos (PPT).

Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín y director de la Fundación desde que Grassi fue detenido, fue quien hizo la denuncia en la Justicia. Al ingresar a trabajar en la organización, se sorprendió del estado en el que estaba todo porque nunca se habían dejado de recibir donaciones. El dinero que ingresa viene de las operaciones de telemarketing, de lo recaudado en los peajes que tienen la opción de depositar plata, y de cheques.

En el lugar, todo está destruido. Cuando Casolati llegó, tuvo que tirar 2000 kilos de comida que estaba en mal estado. La misma cantidad se debió desechar de la cámara frigorífica. “Estaba podrido, en cajas orinadas. Había excrementos de rata en todas las cajas”, contó.

“Empecé a descubrir que muchas cosas que eran donadas a la Fundación se derivaban directamente a la cárcel”, continuó Casolati, y amplió: “Todo va a parar a La Blanquita, una casaquinta que está a 400 metros, donde tienen su centro de operaciones, donde Grassi vivía”.

En este marco, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro; la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini y el subsecretario de Justicia, César Albarracín se encuentran en la sede de la fundación, en la localidad bonaerense de Hurlingham, para entrevistarse con los chicos y las autoridades de ese lugar.

Navarro explicó que si bien la Fundación Felices los Niños “no tiene convenio con la provincia de Buenos Aires” desde diciembre pasado trabajaba “un equipo interdisciplinario con Casolatti con el objetivo de que los chicos estuvieran mejor”.

La provincia de Buenos Aires “financia alrededor de 200 hogares convivenciales”, aunque reiteró que como con la fundación no había convenio “se reubicaron los chicos que estaban ahí y en diciembre se notificó a los jueces que se había cortado el convenio”.

Sin embargo, Navarro aseguró que tras la intervención a la fundación, medida que deberá adoptar la Dirección de Personas Jurídicas, “buscaremos la forma de acompañarlos con las firmas de convenios que posibiliten que sigan funcionando y con los chicos cada vez mejor”.

Hoy, la titular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, dijo que se inició una “exhaustiva” investigación y aseguró que “se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”. La funcionaria sostuvo que también se determinará “si Grassi tenía algún tipo de privilegio” y aclaró que la unidad en la que se encuentra alojado es de máxima seguridad.