La Asociación de Auditores Internos del Estado (AAIE) elaboró entre el lunes 18 de diciembre y el viernes 19 de enero un informe sobre la administración financiera y administrativa del Municipio platense.

La AAIE trabajó sobre la estructura del personal, las contrataciones directas y la transparencia municipal, y se conoce en el marco de la controversia por la cantidad de empleados municipales y el ausentismo registrado en los últimos días tras la implementación del control biométrico.

En cuanto al análisis referido al personal, el trabajo indicó que la Municipalidad carece de procedimientos escritos de control interno "que aseguren confiabilidad en las operaciones".

Además, según la Asociación, durante los últimos ocho años ingresaron más de 6.000 agentes que equivalen al 52 por ciento del total de la planta actual, algo que según la actual gestión vulnera la Regla de fin de mandato (correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13295) comprometiendo gastos corrientes de carácter permanente.

Por otro lado, el informe se refirió al uso de la figura de contratación directa y calificó como “de extrema gravedad” este sistema, ya que "vulnera la normativa vigente".

Según el estudio, este mecanismo se aplicó en el 62 por ciento de las compras y contrataciones del segundo semestre de 2023 por un total de 4.371 millones de pesos. 

El tercer punto, referido a la transparencia institucional, destacó que el Municipio “evolucionó negativamente” en el Índice de Transparencia y Visibilidad de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), a través del cual se pondera diferentes tipos de información relevada por cada Comuna. A saber, en el tercer trimestre de 2023 la anterior gestión obtuvo una calificación de 0 puntos, lo que significa una nula exposición de datos.

Aquí, uno de los puntos críticos tiene que ver con el incumplimiento en la obligación de publicar cada trimestre un Balance de Tesorería público para conocimiento de los vecinos, como así también la rendición de cuentas del ejercicio 2022 fuera de los tiempos correspondientes, entre otras faltas administrativas de gravedad como la falta de presentación del Libro de Contratos y Licitaciones; modificaciones presupuestarias sin explicación y la omisión de presentación del Programa Plurianual de Proyectos de Inversión.

Por último, la mencionada auditoría externa aseguró que “es preciso impulsar un escenario que propicie una nueva manera de entender y asumir las responsabilidades inherentes a la gestión y control de la función pública”.