“De acuerdo con relevamientos públicos y privados, hay por lo menos 400 aparatos instalados en edificios que deberán renovar las aberturas, usuales en las construcciones que se levantaron hasta poco después de la mitad del siglo pasado. El cambio de esos sistemas pueden costar hasta $ 25.000 por cada aparato, sólo para la puerta interior, y ese monto irá directo a las expensas de los propietarios e inquilinos”, consignó la semana pasada el matutino porteño Clarín.

La noticia fue publicada tras darse a conocer la firma del decreto 1.808 que puso en vigencia la ordenanza número 9.019, que había sido aprobada a fines de la década del 90, pero que todavía no se aplicaba.

Según la misma fuente. la norma “establece que el plazo para realizar las obras será de un año, para las puertas cabina, y dos años para las de piso. También obliga a los propietarios o responsables legales de los edificios a presentar un plan de trabajo al Municipio, detallando las labores a realizarse, tiempos y etapas a cumplir, entre otra documentación”.

Según explicó Jorge Yip, secretario de la Cámara de Ascensores de La Plata, “en la ciudad, el 8% de los equipos sobre un total de 5.000, tiene que cambiar las puertas tijera”. Clarín consignó que “el mayor impacto será entre propiedades con más de 40 años”.

La ordenanza no excluye a los palacios y sedes gubernamentales, donde todavía hay muchos ascensores con puertas “tijeras”.

El mismo medio aclaró hace una semana que “hay un párrafo aparte para los inmuebles protegidos por su valor patrimonial”, y mencionó una fuente que aseguró: “En ese caso, se analizará y se pedirá un informe a la Dirección de Patrimonio Histórico, con el fin de establecer el cumplimiento o excepción de la normativa vigente".

Según los especialistas el tipo de puertas que se pretende eliminar es riesgosa para los más chicos.