El magistrado ordenó dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución N° 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.

En diálogo con Blanco sobre Negro el juez Arias explicó: “Se trata de una medida cautelar a partir de la presentación del Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ). No comprende a las prestatarias federales porque no es mi jurisdicción”.

“Cada vez más se va afirmando la postura judicial sobre la necesidad de convocar a una audiencia pública de carácter previo. Es un requisito que incluso impone la Suprema Corte”, aseguró el magistrado y agregó: “Tenemos la experiencia de ABSA con el aumento de 2012 por la misma cuestión que terminó siendo ratificado por el tribunal supremo de la provincia”.

Además, el fallo ordena a las empresas demandadas a “abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas o, para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio".

El fallo está dirigido contra el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires por lo que la apelación, que seguramente tendrá lugar en las próximas horas, la deberá presentar la Fiscalía de Estado.

En los argumentos, la resolución de Arias asegura que el modo en que se otorgó el aumento “vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al 100%”.

De esa manera, advirtió que “los usuarios se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la Provincia”.

“Todo servicio público tiene tres actores. La empresa que presta el servicio, el Estado que es quien regula las tarifas y el usuario, que es quien paga. Para los usuarios es una relación muy desigual, la única forma es que haya una audiencia pública. Al menos es un avance porque los usuarios pueden enterarse los pormenores de los aumentos”, comentó Arias.

Apoyos a la medida

La diputada provincial (FPV-PJ) Valeria Amendolara, que viene llevando a cabo una campaña contra el tarifazo, expresó su apoyo a la medida cautelar dictada por Arias. “Está en sintonía con lo que venimos reclamando desde nuestro espacio político, no se pueden soslayar las audiencias públicas para aplicar este aumento injustificado que en la Provincia no sólo afecta a los usuarios domiciliarios sino también a los comercios y pymes, muchas de las que están cerrando las puertas”, comentó la legisladora.

“Esperamos ahora que de manera urgente las empresas den marcha atrás con estos cuadros tarifarios desproporcionados y los vecinos puedan ejercer su derecho a participar y opinar para arribar a una tarifa justa y razonable. Además, los ajustes tienen que ir acompañados de un plan de obras y un plan de inversiones”, concluyó la diputada platense.