El caso explotó en los medios de comunicación durante la semana. Al parecer, una beba de 21 días había sido asesinada por acceso carnal de parte del padre de la beba, que quedó detenido junto a la mamá de la menor. 

Los primeros datos que el cuerpo de profesionales de la salud dio a conocer señalaban que el hombre había violado a la recién nacida hasta el punto de provocarle un paro cardíaco. 

En varios canales de noticias entrevistaron a familiares de la pareja detenida, que no podían creer de lo que se imputaba a ambos.

Además, el Caso Lucio despertó alarmas sobre casos de maltrato y violencia contra niños y niñas, por lo que rápidamente se hicieron eco los medios de comunicación masivos.

Pero el diagnóstico de los médicos era incorrecto, y la acusación sobre la pareja terminó con torturas y vejaciones sobre ambas personas, que encima de perder a la beba sufrieron castigos físicos "indescriptibles", según el testimonio de una familiar.

En el sitio de noticias TN destacaron: "Luego de quedar en libertad tras ser acusados de provocar la muerte de su hija, el abogado de los padres de la beba que falleció de un paro cardíaco en un hospital de La Matanza dijo que denunciará a policías y al personal médico".

La noticia fue informada este domingo por Miguel Ángel Racanelli, que representa a la madre y el padre de la chiquita de 21 días. De acuerdo a lo que indicaron los resultados de la autopsia, murió al sufrir una asfixia mientras era amamantada.

Por eso, al no hallarse signos de violencia en la niña fallecida, el juez de Garantías 3 de La Matanza, Rubén Ochipinti, ordenó la liberación de los dos jóvenes de 24 y 26 años que estaban detenidos desde el martes acusados de la muerte de la menor, Alison Barrientos Rivero.

El letrado que representa a los padres, anticipó que en denunciará a las autoridades que intervinieron en el caso, entre ellos a Liliana Alvarez, la directora del Hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde ocurrió el hecho y surgió la primera versión, absolutamente falsa y que tuvo consecuencias irreversibles.

Racanelli también acusará a los policías que intervinieron por aplicar “tortura física y psicológica” contra los padres de la niña y a la responsable del centro de salud por “suministrar información errónea a la Justicia”.

El abogado remarcó que la comisaría de Altos de Laferrere y la dependencia de San Alberto no cumplieron la orden del juez que aclaraba taxativamente que los detenidos y en ese momento sospechosos de la muerte de la niña tenían que estar aislados del resto de los reclusos para no ser abusados.

En un escrito señaló que, por el contrario, a quienes ahora patrocina “los entregaron y los hicieron moler a palos”, al tiempo que resaltó que “la responsabilidad la tienen quienes los custodiaban”.

“El diagnóstico emitido por los médicos fue tendencioso. Fue una crueldad absoluta lo que hicieron a partir del informe erróneo de los médicos”, expresó el abogado.