Después de idas y vueltas en la causa, este viernes por fin harán la pericia del celular del puntero Julio “Chocolate” Rigau, aunque el contenido recién se conocerá después de las elecciones.

El famoso teléfono de Rigau, cuyo análisis había pedido la fiscal Betina Lacki, es un Samsung modelo SM-G532M, es decir, un J2 Prime, de 2016. La magistrada solicitó sobre este dispositivo “un análisis técnico completo y detallado del contenido”, que incluyera “el resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así́ como cualquier otro dato de interés” para la investigación.

Estaba previsto que el teléfono se “abriera” el pasado miércoles 11 de octubre, pero los abogados de Rigau formularon una serie de planteos con los que lograron que el juez Guillermo Atencio suspendiera la medida. Unas horas después la Cámara de Casación fijó una nueva fecha.

No obstante la expectativa, los resultados de esta pericia se conocerían recién después de las elecciones, ya que esta mañana comenzó la veda y se presume que “Chocolate”, a quien detuvieron el 9 de septiembre con 48 tarjetas de débito en un cajero de La Plata, tiene contactos con las altas esferas de la política bonaerense.

Este martes los abogados de “Chocolate” Rigau volvieron a insistir en la nulidad del secuestro del teléfono del puntero, quien está con prisión preventiva.

“No hay prueba alguna de que se haya utilizado dicho medio (el teléfono) sólo para cometer delito alguno, sino específicamente que tenga relevancia y vinculación con la utilización de las tarjetas de débito que le fueran secuestradas”, afirmaron en su presentación.

Jury contra los camaristas

Mientras tanto, según informa El Día en las últimas horas el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Conte Grand, pidió abrir un juicio político contra los dos camaristas que anularon la causa contra “Chocolate” y habilitaron su liberación. Se trata de Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Estos jueces argumentaron que la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además adujeron que se “violó la privacidad” del puntero que habría recaudado millones de pesos a través de las tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura provincial. Con esos argumentos declararon la anulación de la causa, medida que fue revocada por Casación la semana pasada. (DIB) MM