Por: Vanina Lombardi

Tras la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en pleno proceso de ajuste y achicamiento del Estado, ahora está en riesgo de desaparecer el Pro-Huerta, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) que desde hace más de 30 años brinda capacitación técnica y asistencia familias, escuelas, comedores y organizaciones barriales de todo el país, para que puedan producir sus propios alimentos. Desde este mes de abril, el programa ya no existe en los hechos y se desconoce si se lanzará un nuevo espacio similar que le de continuidad a los contratos y al trabajo que se estaba desarrollando en las distintas provincias del país.

Pro-huerta depende económicamente del Ministerio de Capital Humano (antes dependía del Ministerio de Desarrollo) y, tras la llegada al Gobierno de La Libertad Avanza, en diciembre del año pasado, no se ha designado a nadie con la habilitación para firmar el convenio entre ambas instituciones que le dé continuidad al financiamiento y al programa en sí mismo. Además, hay 40 técnicos que trabajaban con este programa y a quienes no les han renovado sus contratos.

“No hay nadie a quien dirigirse, no hay un teléfono, una persona, ni un mail adonde el INTA pueda comunicarse para tener la devolución de decir si seguimos o no, y ya ni siquiera hay semillas porque se entregaron las últimas de esta temporada, que se habían comprado con la gestión anterior, pero para la próxima temporada de primavera-verano, que se empieza a entregar junio y julio, ya no hay”, dice Ivana Bauer, que es promotora del programa Pro-Huerta desde hace ocho años y es parte del Frente Social 17 de Octubre Hurlingham e integrante del Consejo Local Asesor de la Agencia Ituzaingó del INTA AMBA.

“El territorio en el que trabajo comprende los distritos de La Matanza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Morón e Ituzaingó, adonde hay 10.000 familias, escuelas y huertas comunitarias que son asistidas”, detalla Bauer, y destaca que el programa no solo entrega las semillas, sino también los insumos para armar gallineras, la capacitación que promueve la agroecología y la alimentación saludable. En todo el país, hay más de 600.000 huertas familiares y escolares que dependen del Pro-Huerta. A través de él se han capacitado a alrededor de 170.000 personas, se han puesto en marcha alrededor de 15.000 granjas agroecológicas y se han entregado más de 1 millón de kits de semillas y más de 200.000 aves.

“Es un programa maravilloso que se sostuvo durante 34 años, pasaron un montón de gobiernos e incluso, durante el macrismo hubo muchísimos recortes pero se seguía sosteniendo. Es lamentable lo que está ocurriendo ahora, porque la gente que recibía las semillas ya no las va a recibir y los compañeros, tanto técnicos como nutricionistas y de otras disciplinas, se quedan sin trabajo”, cuestiona Bauer, y aclara que las y los promotores que son parte de este programa en todo el país lo hacen de manera voluntaria, sin obtener remuneración por este trabajo.

Bauer comenzó a trabajar como promotora durante el macrismo, cuando también faltaban semillas. Entonces, como los kits no alcanzaban para todas las familias y organizaciones interesadas, les pedían que primero prepararan el lugar y habilitaran el terreno para plantar, como una forma de demostrar su compromiso. Recién entonces les entregaban los insumos necesarios. “Veíamos que la gente estaba teniendo hambre y empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con la huerta nos abrió un universo», recuerda Bauer, y lamenta que comedores y merenderos puedan quedarse sin las semillas para producir sus propios alimentos.

El programa Pro-Huerta fue creado durante el gobierno de Carlos Menem para afrontar la crisis económica que en ese momento atravesaba la Argentina. Ahora, en medio de una nueva crisis que está dejando a familias en situaciones desesperantes, con aumento de las cifras de desnutrición e indigencia, es difícil comprender la decisión de dejar sin efecto un programa que no solo permite contener en la situación, sino que incluso ha sido replicado en otros países por lo exitoso de su modelo de trabajo y de sus resultados.

“Lo hicimos en Haití, tuvimos un intercambio en México, en Mozambique y en Ecuador”, detalla Verónica Piñero, que fue coordinadora nacional del Pro-Huerta, entre 2013 y 2015, desde el Ministerio de Desarrollo Social, y luego se desempeñó durante cuatro años como coordinadora para este programa en la Región Centro, ya desde el INTA. “Es requerido por un montón de países de América Latina, adonde también tienen la posibilidad de tener tierra y producir sus propios alimentos”, dice la especialista.

Las semillas que reparte el Pro-Huerta son compradas a una federación de cooperativas de producción agroecológica, que recibe gran parte de sus ingresos a través de esta compra pública y por eso también está siendo afectada por la desaparición de el programa. “Consideran la compra de semillas como un gasto, cuando que no es así, es una inversión para que las familias produzca sus propios alimentos y no estén dependiendo de una caja o de un bono”, cuestiona Piñero. Quitarles este recurso a los beneficiarios de este programa “es como sacarles un ahorro”, agrega, y que todo lo que hoy producen para autoabasteserse tengan que ir a adquirirlo a alguna verdulería.

Piñero rescata el compromiso de las y los promotores, así como de los técnicos y profesionales que llegan al territorio: “El seguimiento, el acompañamiento, el enseñarles y hasta el emocionarse con los logros de cada familia a la que asisten, y el amor que le ponen a ese trabajo, que no es fácil porque llegan a localidades donde nadie llega”, subraya Piñero. “Vos vas a los lugares más recónditos del país y vas a encontrar un cartel que dice INTA y Pro-Huerta. Sería una pena perder eso. Además, el promotor acerca otras herramientas que por la lejanía no acceden, como ayudarlos a hacer trámites y acercarles medicación. Es una red realmente humanitaria que no podemos perder”, concluye Piñero.

Agencia TSS